REPRODUCCIÓN TEXTUAL SEGÚN ACTAS DEL CONGRESO.

Los hechos, según el atestado policial, son claros. La manifestación a la que usted se refiere empieza a las 17 horas del día 22 de enero y a la misma acuden unas 35.000 personas; por cierto, acuden también representantes del Gobierno y representantes del Ministerio del Interior que dirijo. Sobre las 17:45, en la calle de Alcalá, la Policía recibe la noticia de que don José Bono -cito textualmente- está siendo increpado, amenazado y zarandeado por algunos manifestantes y que ello había obligado a los escoltas y a otros policías a sacarle de la manifestación. Para investigar los hechos, la policía abre de oficio atestado a las 22:00 horas del mismo día 22 de enero. El instructor del atestado ordena realizar diversas actuaciones para esclarecer los hechos, entre ellas declaración de hasta 14 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, desplazamiento al lugar de los hechos de otro funcionario de la Policía a efectos de inspección ocular, comparecencia de representantes de la AVT, la asociación convocante de la manifestación, recabado de vídeos, fotografías, etcétera. Entre las diligencias, señor Astarloa, la policía conoce unas declaraciones de don Javier Espadas, según parece secretario general del Partido Popular de Las Rozas, por una emisora de radio, en la que identifica a dos personas que aparecen en las fotografías de la manifestación.

La policía cruza las fotos y los vídeos de la manifestación con las del DNI, identifica a esas dos personas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, para ver quiénes eran de entre los manifestantes y qué estaban haciendo en la manifestación. La policía determina finalmente, después de analizar las evidencias presentadas, vídeos, fotos y declaraciones, que existen motivos racionales para entenderles implicados en los hechos. A la vista de ello, el instructor de las diligencias acuerda que se cite en comparecencia a la brigada a efectos de declaración, a don Javier Espadas, a don Isidoro Barrios y a doña Antonia de la Cruz. Estos dos últimos se personan de forma voluntaria a las 13:00 horas del día 25. El instructor decide, a la vista de los hechos expuestos que -cito textualmente-, por su presunta vinculación a los delitos de amenazas y atentado, se proceda a informarles de sus derechos constitucionales -artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, lo que incluye asistencia letrada. Se producen las declaraciones de estas dos personas, después de las cuales abandonan las dependencias policiales a las 14:50 y 16:00 horas del mismo día 25.

El atestado, junto con su contenido -vídeos, fotos, declaraciones, parte de lesiones de un funcionario policial, etcétera-, es remitido a la autoridad judicial y al ministerio fiscal. Hasta aquí el desarrollo de los hechos.

Las conclusiones son claras. La policía, en primer lugar, sostiene la existencia de motivos racionales y suficientes para entender que hay actividad delictiva. La policía habla de amenazas y atentado -cita textual del atestado- y le recuerdo que la misma, señor diputado, según el atestado, recibe la noticia de que el ministro de Defensa ha sido increpado, amenazado y zarandeado. Los vídeos, las fotos, los partes de lesiones y el resto de las evidencias y manifestaciones públicas del ministro de Defensa -que dice y ha repetido reiteradamente, como usted bien sabe, en procesos judiciales y fuera de ellos, en público y en privado, que recibió insultos, puñetazos, agresiones y golpes en la espalda y en las costillas-, a juicio de la policía hacen patente la necesidad de realizar las actuaciones tal y como las realizó, al nivel indiciario en el que en ese momento se mueve la policía, que es una idea que usted interesadamente, como le razonaré después, ha pasado por alto. Si por consiguiente la policía entiende que ello es indiciariamente cierto, solo puede hacer una cosa con la Constitución, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, abrir diligencias para investigar los hechos y tratar de localizar a los autores, lo que hizo. Y en segundo extremo, señor Astarloa, tengo que decirle que la policía abre de oficio las diligencias y las conduce de un modo exclusivamente profesional, con pleno respeto a lo que le ordenan las leyes. En ningún momento la policía recibió órdenes o indicación alguna relativa a cuál debe ser su tarea profesional y cómo tienen que ejecutarla ni de la estructura política de Interior ni del delegado del Gobierno, como este mismo ha reiterado tantas veces por activa y por pasiva ante la opinión pública, en sede judicial y en el informe que yo mismo le pedí, al que se debía referir usted antes, cuando tuve que comparecer en este Congreso de los Diputados hace unos meses.

En consecuencia, señor Astarloa, tengo que indicarles claramente, en primer lugar, que hubo un respeto absoluto al marco de competencias de la Constitución y de las leyes. La policía en la investigación de los delitos está, como usted bien sabe, vinculada a la ley y no recibe -métaselo en la cabeza-, ni en este asunto ni en ninguno, órdenes ni indicaciones políticas de ningún tipo. La policía hace las diligencias profesionalmente y las traslada al juez. Ese es el marco constitucional y legal de la justicia. Por mi parte, respeto y confío en la tarea policial y en la judicial, que en sus pronunciamientos definitivos -me refiero a los jueces- nos dirán, cuando los procesos acaben, cómo fueron los hechos, cuál es la interpretación jurídica y cuál fue el papel de cada cual en este asunto.

Claro que usted hace una cosa que yo les he referido unas cuantas veces en mis diferentes comparecencias parlamentarias, usted hace lo que en sentido técnico se llama un juicio paralelo, es decir, agarra interesadamente los procesos penales, los trae al Parlamento y se pone en el papel subjetivo de juez en esta tribuna y no de tribuno parlamentario. Por cierto que a mí, como usted bien sabe, es algo que no me gusta hacer, porque estando claro ese marco constitucional y legal de competencias de cada cual, está claro -como usted debe saber y estoy seguro de que lo sabe, porque ha estado, entre otras responsabilidades en el Ministerio del Interior- que la parte política del sistema de seguridad del Estado es una cosa y la parte profesional es otra muy distinta, y la primera, por lo menos con nosotros, no interfiere en la segunda, nunca, insisto. Métaselo en la cabeza, porque es la verdad.

Usted habla de los autos judiciales y lo hace desde un punto de vista que, por decirlo de algún modo, llama la atención, porque no hace reflexiones jurídicas. Usted reelabora un análisis de los hechos, es decir, de la tarea judicial en sentido propio. Yo comprendería que usted tratara de hacer aquí alguna reflexión jurídica que realmente no ha hecho, señor Astarloa, y tengo que decirle alguna cosa. Efectivamente, hay un auto de imputación, es decir, de conclusión de las diligencias previas y de acomodación al procedimiento penal abreviado, que dicta un juez de instrucción de Madrid. Ese auto, por su propia naturaleza, no enerva en absoluto la suposición constitucional de inocencia como usted ha pretendido aquí hace un rato. Además, señor Astarloa, es un auto que no ha sido declarado firme, porque ha sido recurrido por la Abogacía del Estado, es decir, por los propios imputados. Los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado, señor Astarloa, son sólidos. En primer lugar, los policías actuaron en el ejercicio de las funciones de su cargo. En segundo lugar, sostenga usted lo que sostenga, el abogado del Estado dice -y yo me lo creo- que no hay detención ilegal. ¿Sabe por qué? Primero, porque como figura en su propia declaración, prestada con asistencia letrada, los miembros del Partido Popular, los señores Barrios y De la Cruz, comparecen voluntariamente en sede policial. Segundo, porque no se realiza con relación a ellos ninguna de las actividades materiales sustantivas de la detención, ni toma de huellas, ni por supuesto se ingresa en depósito de detenidos, ni ninguna de las características materiales de la detención. Tercero, porque son citados a declarar como supuestos implicados, porque la policía -como decía antes- determina la existencia de motivos racionales para ello después de que la identidad hubiera sido revelada en la forma que le dije que dice el atestado y comprobada.

Con arreglo a la Constitución y a las leyes -usted que es jurista debería saberlo-, lo realmente ilegal, cuando la policía determina que hay motivos para que una persona declare en calidad de implicada en las diligencias penales, hubiera sido que les hubiera tomado declaración sin leerles sus derechos constitucionales y sin permitir que estuviera presente su abogado. Y tengo que recordarle cuál es el argumento central de todo lo que le estoy diciendo, señor Astarloa. El Juzgado de Instrucción número 42, el otro, a estas dos personas -a las que yo, como a cualquier ciudadano de este país, no les deseo ningún mal en absoluto, eso que quede claro- también les recibió declaración en calidad de imputadas, por tanto les leyó sus derechos y les proveyó de letrado, porque, señor Astarloa, la policía no puede hacer lo que sí hace el juez de instrucción.

En otras palabras, señor Astarloa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los protocolos policiales determinan de un modo claro cuándo se tiene que tomar declaración a una persona en calidad de implicada y cómo tienen que garantizarse sus derechos, porque si predicamos detenciones ilegales de esto podemos predicar detenciones ilegales de cualquier declaración de cualquier persona en calidad de implicado ante la policía o, ya puestos, ante cualquier juez de instrucción.

En cuanto a la falsedad de la que usted ha hablado, tengo que decirle lo mismo. El abogado del Estado en el recurso que ha hecho -y yo me fío de la calidad del trabajo de la Abogacía del Estado- dice claramente que no hay ninguna mutación ni alteración, ni formal ni material, del atestado. Por ejemplo, no hay ninguna mutación ni alteración de ninguna declaración ni de ninguna fotografía o parte de lesiones o de ningún extremo del atestado. Por tanto, no hay falsedad. Las discrepancias internas, si las hubo, que las hubo, como ocurre en cualquier otra situación análoga y en cualquier dependencia administrativa, como usted sabe, señor Astarloa, se resuelven con arreglo a dos principios muy claros: el principio de jerarquía interna entre los funcionarios y el principio de competencia. Es el instructor de las diligencias policiales el que decide lo que hay que hacer y lo decidió en la manera en la que yo le he referido anteriormente.

La posición de la Abogacía del Estado, a la que me remito, está fundada desde un análisis sereno de los hechos y desde el análisis sereno y cualitativamente impecable de los extremos jurídicopenales que hacen referencia al tipo, a la participación, a las circunstancias, etcétera.

Concluyo, señor Astarloa. Diga usted lo que diga, aquí hay una actuación puramente profesional de unos policías en el ejercicio de las funciones de su cargo y sin ninguna interferencia del poder político. Le insisto, métase esto en la cabeza: no la habido en este caso ni la va a haber nunca.

La responsabilidad ministerial
GEES

La condena viene a restablecer una cierta confianza en la judicatura. Pero que se preparen los jueces, porque Rodríguez Zapatero, como está demostrando todos los días, no es ni de los que olvidan ni de los que perdonan. Hay muchos políticos, sobre todo en la izquierda, que piensan que no son responsables de sus decisiones y actos, que están al margen de la ley y la justicia y que gozan de un estatus de impunidad. No es lo que deben estar pensando ahora los tres funcionarios de policía condenados por detención ilegal de varios militantes del PP, acusados falsamente de haber agredido al ministro Bono cuando se incorporó a una manifestación por las víctimas del terrorismo. Es cierto que el comisario jefe actuó seguramente movido por un afán de servilismo y muchas ganas de complacer al de arriba y "si el ministro dijo que le habían agredido, pues le habían agredido". También es cierto que los otros dos policías condenados pecaron de obediencia y por no oponerse a una medida que ya entendían era del todo irregular.

No se trata de discutir lo ajustado de su condena. La discusión debería apuntar ahora a los responsables políticos que incitaron su conducta delictiva. Ya ha dimitido el delegado del Gobierno, tras haber quedado expuesta la presión a la que sometió a la investigación en una dirección equivocada e ilegal. Pero no es de recibo que el entonces supuesto agredido y ministro de Defensa, José Bono, pueda seguir tan tranquilo en su casa. El fue el primero que mintió al hablar de puñetazos y agresiones y magnificar unos abucheos y empellones hasta convertirlo en un brutal linchamiento del que fue salvado por los pelos. Hoy no ha tenido ni siquiera unas palabras para los funcionarios cuyas carreras profesionales han quedado truncadas por sus mentiras. No por haberse retirado de la política en activo puede el señor Bono quedar impune de su responsabilidad en este asunto. Puede que su vida privada requiera un esfuerzo especial en estos momentos, como ha dicho, al haber sido deteriorada por el ejercicio intenso del poder. Pero el hecho es que él mintió para poder presentarse como una victima y seguir ocupando la cuota mediática por la que siempre se ha movido.

Otro que tampoco debe quedar impune fue su entonces compañero de gabinete, ministro de Interior y hoy su sucesor al frente de Defensa, el ministro Alonso, pues sus declaraciones de aquellos días avalaron plenamente la versión de José Bono, hoy comprobada falsa. Es más, como superior de los policías hoy condenados también debería explicar su inacción ante unos hechos punibles jurídicamente. Decir que confió en la palabra de su compañero de gobierno no es una excusa válida.

La condena viene a restablecer una cierta confianza en la judicatura. Pero que se preparen los jueces, porque Rodríguez Zapatero, como está demostrando todos los días, no es ni de los que olvidan ni de los que perdonan.

L D (EFE) Tras negar que quiera poner al mismo nivel al PP y a Batasuna, López Garrido insistió en que "es muy grave que un partido que quiere ser alternativa de Gobierno ponga en tela de juicio el Estado de Derecho". En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista insistió en que el PP "difama y calumnia" al hacer "acusaciones gravísimas sin fundamento" y consideró "surrealista y disparatado" que los populares pidan la dimisión "por gallardía" del ahora ministro de Defensa, José Antonio Alonso, cuando la sentencia "ha dejado claro" que no hubo instrucciones políticas en el llamado caso Bono.

López Garrido avanzó que el PSOE no aceptará la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitada por el PP, ya que en su opinión, el PP trata de enmarcar esta comparecencia en una crisis de la democracia, "algo que antes sólo le escuchábamos a Batasuna". El portavoz parlamentario del PSOE lamentó que al PP "le deba parecer bien" que durante la manifestación de la AVT "se agrediera y se insultara a un ministro del gobierno de España" y recordó que por ahora los populares no han condenado los hechos, pese a que la sentencia y todos los informes policiales niegan que existiera ninguna agresión.

L D (EFE) Tras negar que quiera poner al mismo nivel al PP y a Batasuna, López Garrido insistió en que "es muy grave que un partido que quiere ser alternativa de Gobierno ponga en tela de juicio el Estado de Derecho". En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista insistió en que el PP "difama y calumnia" al hacer "acusaciones gravísimas sin fundamento" y consideró "surrealista y disparatado" que los populares pidan la dimisión "por gallardía" del ahora ministro de Defensa, José Antonio Alonso, cuando la sentencia "ha dejado claro" que no hubo instrucciones políticas en el llamado caso Bono.

López Garrido avanzó que el PSOE no aceptará la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitada por el PP, ya que en su opinión, el PP trata de enmarcar esta comparecencia en una crisis de la democracia, "algo que antes sólo le escuchábamos a Batasuna". El portavoz parlamentario del PSOE lamentó que al PP "le deba parecer bien" que durante la manifestación de la AVT "se agrediera y se insultara a un ministro del gobierno de España" y recordó que por ahora los populares no han condenado los hechos, pese a que la sentencia y todos los informes policiales niegan que existiera ninguna agresión.

http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=opi&fech=09/05/2006&name=manantial
Pablo Sebastián

El talante y la democracia de las que tanto habla y presume el presidente Zapatero han quedado en evidencia tras la condena al comisario y los policías que detuvieron de una manera ilegal a militantes del Partido Popular a los que se acusó sin indicios ni pruebas de haber agredido al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de las víctimas del terrorismo celebrada en Madrid.

Hechos que entonces fueron consentidos o puede que inducidos desde el Gobierno y el PSOE con órdenes explícitas o jaleando un incidente que a la postre se ha vuelto contra el propio Gobierno y que además de las citadas condenas ha provocado la dimisión del delegado del Gobierno en la capital a título de responsabilidad política. Y posiblemente de cortafuegos para evitar que este incendio político alcanzara al ex ministro de Interior y hoy de Defensa, José Antonio Alonso, y en cierta manera al de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, por el calculado y partidista comportamiento de la Fiscalía en el proceso, siguiendo instrucciones del inefable Conde-Pumpido a favor de los policías y en contra de los ciudadanos y militantes del PP cuyos derechos fundamentales fueron conculcados de manera explícita e intencionada, como revela la sentencia hecha pública.

Que todo esto ocurra cuando la misma Fiscalía General del Estado y el Gobierno están actuando por acción u omisión a favor de los dirigentes de Batasuna y del entorno de ETA, en contra de la legalidad y del Estado de Derecho en pos del llamado proceso de paz del País Vasco, no deja de ser un agravio porque en los dos casos el poder ejecutivo y su larga mano sobre el poder judicial se alinearon con los delincuentes o los presuntos delincuentes con el argumento de que el fin (la paz) justifica los medios, y en el caso de los militantes del PP con la intención clara de ocultar delitos y una clara violación de la legalidad por parte de representantes del Estado, en contra de los legítimos derechos de ciudadanos del primer partido de la oposición.

Asuntos todos ellos que en una democracia europea habrían tenido, sin esperar a la que era imparable sentencia, graves consecuencias en el Gobierno y en el ámbito policial a las pocas horas de producirse la detención ilegal, producto de una venganza política.

Va ocurrir algo más? Seguramente no, salvo que los condenados decidan denunciar a quienes les dieron las órdenes o los indujeron a vulnerar la ley. Puede incluso que algo de todo esto también estuviera en el origen del traslado del ministro Alonso de Interior a Defensa, porque ya se esperaban lo que iba a pasar. Pero ahora el presidente Zapatero, que será interrogado por estos hechos en el Congreso de los Diputados, se refugiará en los recursos al Supremo y en la dimisión del delegado del Gobierno para decir que el asunto está zanjado.

Pero ello no le quitará a Zapatero su propia responsabilidad y la mancha en su haber en el campo de las libertades de las que tanto presume y que en el ámbito de la información brillan por su ausencia con una política de favores descarados a su entorno mediático: se ha visto en las nuevas concesiones analógicas de televisión, en la reforma legal para así evitar la dispersión de las emisoras de la SER decidida por el Tribunal Supremo, en las condecoraciones a periodistas próximos al PSOE, en la eliminación de publicidad a los medios de Internet, a los que se ha excluido de la Agenda oficial de la Comunicación, en el manejo de información privilegiada a favor de los amigos de siempre, en la aparición en España de nuevos organismos de censura audiovisual y la manipulación de varias de las campañas institucionales, como ocurre ahora con el referéndum catalán.

Si han saltado alegremente por encima de la Constitución en el Estatuto catalán, y no dudan en utilizar la Fiscalía a favor de Batasuna, o en despreciar la legislación europea y española en la OPA gubernamental de Gas Natural, ¿qué se podía esperar entonces ante un caso como el de la presunta agresión al ex ministro Bono? Pues, sencillamente, otro abuso más. Pero una vez más se han vuelto a encontrar con la ley como barrera, y esta vez ni más ni menos que por violentar la libertad.

José Blanco (PSOE) | Respeta las decisiones judiciales
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha rehusado comentar la condena alegando desconocer "esa información", aunque ha asegurado que su partido, "como siempre, es respetuoso con todas las decisiones judiciales".

José Bono (PSOE) | "Lo vio toda España"
El ex ministro de Defensa ha afirmado hoy que los incidentes registrados durante la manifestación de víctimas del terrorismo, en la que fue increpado, los "vio toda España". Bono ha eludido opinar sobre la sentencia y ha afirmado que ya no está en la política de forma activa, aunque ha subrayado que ese incidente "lo vio toda España", en referencia a las imágenes difundidas por las televisiones y fotógrafos.

José Manuel Sánchez-Fornet (SUP) | "Una pelea política"
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha considerado a través de su secretario general, José Manuel Sánchez-Fornet, que la sentencia es "muy dura, absolutamente injusta y muy politizada", ya que abre un precedente grave para cualquier otra actuación" pues lo que hicieron los tres policías condenados "es una practica habitual en el funcionamiento de la Policía". Sánchez-Fornet sostiene que "estamos ante una pelea política que ha pillado por medio a tres miembros del cuerpo de Policía", pelea que "empieza con el ministro Bono, que va a la manifestación a hacer política", a lo que se añade que es el PP quien ejerce la acusación en el caso. El SUP prestará a los tres agentes condenados toda la asistencia jurídica que puedan precisar y, en su caso, apoyará la concesión del indulto

El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado su dimisión. / EFE

El ex ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la AVT. / ARCHIVO

Reparto de penas
Comisario Rodolfo Ruiz Cinco años de cárcel; ocho de inhabilitación y 12.000 € de indemnización
Inspector jefe J.F Cinco años de cárcel; ocho de inhabilitación y 12.000 € de indemnización
Agente que tomó declaración Tres años de cárcel

El PP exige la dimisión del anterior ministro del Interior (reacciones)

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El señor Rubalcaba ha llamado extremista al PP, pero tenía que haber hecho distingos. Es decir: por una parte tenía que haber calificado a Rajoy, que es el que tira del PP para apoyar a Zapatero en su estrategia de dilusión del terrorismo en los vericuetos extremos de la sociedad vasca, que volverán, como oscuras golondrinas, a llevar el nombre de Batasuna. Y por otra, tenía que haber calificado a Zaplana y a Acebes, que son los que urden y mienten y maquinan, los que siguen anclados en el 11-M, con Pedrojota de guía espiritual, y le ponen a Rajoy los palos en las ruedas de su nunca consolidada candidatura, señor cura (Por cierto, que Batasuna se ha hartado ya del cura Irlandés, porque tenía un excesivo protagonismo, y aquí el protagonista es Otegui, que ni es interlocutor ni presidiario, pero es postulado para ambas cosas.

Parece ser que el redentorista mosén Reid se iba de la lengua). El señor Rubalcaba, merengue a machamartillo que no debería llevarse bien con el culé de nación, José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los políticos que mienten con más serenidad en España, tanto es así que sus mentiras parecen auténticas verdades. Da gusto oírle. No cambia la expresión, no muda el semblante, no muda la cara.

Desde que dijo aquello de que “los españoles no se merecen un gobierno que les mienta”, no ha dicho otra cosa que mentiras, pero las dice con temple, con verosimilitud, con aplomo, sin pestañeo, y entonces las mentiras adquieren el color de la verdad, que últimamente es muy pálido, muy pálido, tan pálido que incluso llega a ser incoloro, como el agua en los libros de texto. Porque, claro, ¿de qué color es relativismo? ¿Eh, eh? ¿Y el postmodernismo? ¿Y el nihilismo? ¿Y el darwinismo? ¡Uh, uh, uh! ¿De qué está hecho el plomo de la mentira y en qué lugar del alma se junta con la verdad para darle un revolcón, o un meneo, en un ejercicio de caza, de acoso, de talante, de derribo? ¿Quién miente más, el que lo hace a pleno pulmón o el que se esconde en los usos, los hábitos, las costumbres, los valores? En la política de España y de sus diecisiete comunidades ergonómicas, la mentira se ha convertido en valor, y el valor es una referencia y una medida del mérito. De modo que… ¿Tomamos una tacita de valor? Sí, buana, pero que sea del que fabrican en Villajoyosa.

El señor Rubalcaba le ha llamado radical a Rajoy y Rajoy le ha llamado radical a Zapatero. Pero Rubalcaba sabe de sobra que Rajoy podía ser moderador de muy enconadas disputas. Y Rajoy sabe también que Zapatero podía ser acomodador de muy aceradas convivencias. De hecho, Zapatero tan sólo es radical cuando se pone el jersey de los votos, pero no cuando se viste de azul y purpurina para entenderse en las sombras de la noche con el dandy Artur Mas, representante de la oligarquía catalana, ana, que es la que tiene realmente el din-don de don dinero. Moraleda le ha llamado ambidiestro, que es una forma de llamarle camaleón. Otros le han llamado Bambi, pero esta vez no mentían, sino que se equivocaban de medio a medio, como se equivocó la paloma de don Rafael, como se equivocó el notario Rajoy cuando, recogiendo una ocurrencia de Guerra, le llamó Bobo solemne ¿Bobo solemne, yo? Ya veréis, ya veréis cuando os ataque con la Segunda República.

Y el señor Rubalcaba ¿es radical? Y si es así ¿de qué signo? No está lejos el día en que tuvo responsabilidades en el Gobierno de Felipe González, que utilizó contra ETA el terrorismo de estado. Ahora es ministro del interior y utiliza contra ETA-Batasuna la táctica de la aproximación y el camelo, ¡mua, mua!, teniendo en perspectiva la legalización y la cama “Joder, jodamos, que todos somos hermanos” ¿Y le llama radical a Rajoy? Lo que pasa es que Rubalcaba está cabreado porque los del PP le han hecho 215 preguntas y él no tiene tiempo material de responderlas todas, como quisiera, tal vez para no responder a ninguna Ahí sí que han sido radicales los del PP, casi extremistas, casi jacobinos ¿Cómo pueden hacerse 215 preguntas sobre una sola cuestión, aunque sea el 11-M? Que las repasen bien los del PSOE, porque tiene que haberlas repetidas. Además, le han llamado zorra con motivo de su nombramiento, y eso no se puede aguantar, ni siquiera por parte de Rubalcaba, porque la zorra, amén de desplumar a las gallinas, tiene connotaciones muy chungas, pero que muy chungas. Si por lo menos le hubieran llamado orangután o simio o primate para poder responderles en plano de igualdad.

Por cierto, cuando la monería goce de los derechos humanos que les atribuye el filósofo moralista Peter Singer ¿nos podremos casar con un mono? A mí me gustaría casarme con un mono, siempre que no sea un mandril, claro, de esos que llevan el culo rojo como el jersey de Zapatero. Habrá que preguntárselo a Francisco Garrido, que es quien, con la aquiescencia del presidente, ha llevado el proyecto a las Cortes. Esto es lo más radical que se ha hecho en política. Puede que un día haya monos en el parlamento. De momento sólo hay leones. Claro que los monos los llevan algunos parlamentarios donde ni siquiera los pueden ocultar. ¿Y tú qué coños miras, imbécil, es tengo yo monos en la cara? Pues sí, mire, y son muy buenas personas.

Y puestos a ser equitativos, yo recomiendo que, desde hoy, se suprima la expresión “dar leña al mono”, porque incita descarnadamente al maltrato no sólo de determinados animales, que es en sí malo de malignidad, sino también de determinadas personas, lo que es un claro atentado contra los derechos humanos. Se puede sustituir por la expresión “dar leña al PP”, que, al no poder un partido ser persona humana, es mucho menos que un mono. Mucho menos que monix.