Muchos andaluces rechazamos este Estatuto por este y otros motivos. Queremos una Andalucía solidaria, de progreso -no progresista, que es sucedáneo del verdadero progreso-, abierta al mundo, moderna, con oportunidades para todos, liberal en el sentido de las Cortes de Cádiz, humanista, sin que Chaves se meta en las alcobas ni controle la vida de la cuna a la tumba, y sin corrupción
Murcia recurrirá el Estatuto andaluz si se acepta el traspaso de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
El portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, se pregunta si Chaves "pretende imitar el modelo catalán de la rapiña competencial"
Estrella Digital/Ep
http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=esp&name=murcia&fech=15/05/2006
Murcia/Sevilla
El portavoz del Gobierno regional de Murcia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que el Gobierno murciano "llevará ante el Tribunal Constitucional la disposición adicional quinta planteada para el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía en caso de ser finalmente ratificada" la demanda del traspaso de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya que según expuso, "invade el territorio murciano".
Esta disposición, que plantea la cesión de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Guadalquivir a Andalucía incluyendo territorio murciano es, según De la Cierva, "manifiestamente incompatible" con el artículo 149.1.22 de la Constitución, "que señala este asunto como competencia exclusiva del Estado" por lo que se preguntó "cómo se conjugaría eso con la cesión de este derecho a una sola Comunidad".
Asimismo, el consejero de Presidencia aseveró en un comunicado que "ninguna autonomía tiene que salvaguardar los derechos de la Región de Murcia", al tiempo que anunció que "de mantenerse esta disposición, iniciaremos las acciones jurídicas oportunas", según fuentes de la secretaría general de la Presidencia y Relaciones Externas.
El portavoz del Ejecutivo murciano, quien recordó que el Estado autonómico "se basa en el principio fundamental del autogobierno", afirmó que la Región "no puede compartir este planteamiento ya que si una cuenca afecta a varias comunidades, sólo podría ser razonable la gestión conjunta entre las partes afectadas".
De igual modo, De la Cierva cuestionó si el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a través de la propuesta de inclusión de esta nueva norma en el proceso de reforma estatutaria, según la cual esta comunidad tutelaría a partir de ahora los derechos de Murcia y Castilla-La Mancha sobre dicha cuenca, "pretende imitar el modelo catalán de la rapiña competencial".
"Lo único que podría proponer es colaborar de igual a igual, pero con esto, Chaves se sitúa en un plano de superioridad con respecto a las dos comunidades, que no es consentible ni desde el punto de vista político, ni desde el jurídico", matizó.
Salvaguardia de los intereses generales
Asimismo, el portavoz del Ejecutivo regional subrayó que los intereses generales "los salvaguarda mejor el Estado que una comunidad que dice que velará por los derechos de Murcia y Castilla-La Mancha, por ello el ministerio de Medio Ambiente ha rechazado ya esta cesión".
En este sentido, dijo admitir "lo que la Constitución marca, la tutela, competencia y colaboración con el Estado". "La Comunidad andaluza pretende incluir esta disposición con el paternalismo de salvaguardar los intereses de Murcia, pero esta Región sabe defenderse sola", destacó.
En cuanto al argumento esgrimido por la Comunidad de Andalucía según el cual Murcia no tendría derecho a reclamar ya que afectaría a un territorio "muy pequeño" de la Región, De la Cierva precisó que "con que afecte a un sólo metro cuadrado, ya sería inconstitucional". Al respecto, dijo que "entenderíamos que se está violentando la Constitución y no cabe duda de que esta Región ejercitaría las correspondientes acciones jurídicas para garantizar su propio autogobierno".
Por último, Fernando de la Cierva valoró que la propuesta formulada por Andalucía para que esta comunidad pueda tener, a partir de la aprobación de su Estatuto, "la última palabra a la hora de autorizar posibles desembalses desde la cuenca del Guadalquivir, incurriría en el mismo error que Cataluña, comunidad a la que vamos a llevar ante el Constitucional por incluir la necesidad de obtener un informe para autorizar un trasvase desde Ebro".
La cuenca del Guadalquivir tiene una afección en Andalucía de más del 90 por ciento. Le siguen Castilla La Mancha (7,1 por ciento), Extremadura (1,4 por ciento) y Murcia (0,2 por ciento).
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Que por nosotros no quede
EDITORIAL
Esos millones de firmas deben de ser una nueva fuente de compromiso para seguir dando la batalla política en todos los ámbitos, ya sea el parlamento, los medios de comunicación, la calle o los Tribunales de Justicia. A pesar de que muchos en el seno y en el entorno del PP no hayan derrochado, precisamente, entusiasmo y convicción a la hora de poner en marcha y respaldar la iniciativa, lo cierto es que el partido de Rajoy ha recogido, en menos de tres meses, más de cuatro millones de firmas en favor de un referéndum en toda España sobre el "Estatuto" de Cataluña.
Nuestro decidido apoyo a esta iniciativa –como a otras muchas manifestaciones de la sociedad civil–, no radicó en ningún momento en el hecho de creer que el gobierno de Zapatero las tendría en cuenta, de contar con un amplio respaldo popular. Si el gobierno del 14-M procuró, desde el primer momento, camuflar como reforma estatutaria una voladura del consenso constitucional del 78, fue precisamente para no tener que someter a referéndum estos cambios jurídico-políticos que exigía la alianza con nacionalistas y separatistas.
El sectario desprecio que el gobierno, por boca de la vicepresidenta De la Vega, acaba de dirigir a la que ha resultado ser la iniciativa política más respaldada de nuestra democracia, no nos sorprende, pues, nada en absoluto. De lo que se trataba y se trata es de llevar a cabo el compromiso cívico de hacer todo cuanto esté de nuestra mano por obstaculizar o poner en evidencia el radicalismo del gobierno de Zapatero y sus separatistas compañeros de viaje. Esta iniciativa de Rajoy, que alejaba, por otra parte, las tentaciones acomodaticias y suicidas que todavía pueden llevar a pique al PP, debe ser una nueva fuente de compromiso para seguir dando la batalla política en todos los ámbitos, ya sea el parlamento, los medios de comunicación, la calle o el Tribunal Constitucional. Que no quede por nosotros, por cada uno de nosotros.
servido por pericles
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Los nuevos padres de la patria andaluza Ignacio Santa María ¿Por qué la izquierda inicia un proceso nacionalista en Andalucía? ¿Por qué se convierten ahora en promotores de una política territorial que económicamente puede traerles más problemas en su ya maltrecha situación? Bajo la reforma del Estatuto andaluz subyace una mentalidad que combina a la perfección con la estrategia disgregadora del Gobierno Zapatero. El borrador del estatuto andaluz identifica a este territorio como “realidad nacional”, elimina la referencia a la “unidad indivisible” de España y confiere a los andaluces unos “derechos históricos” previos a la Constitución de 1978, que es lo mismo que pidió para los vascos el lehendakari Ibarretxe durante el pasado Aberri Eguna.
¿Qué ha sucedido para que los socialistas andaluces dejen de ser, de la noche a la mañana, azote del nacionalismo periférico para convertirse en su mejor garante? ¿Es un simple berrinche de Chaves y quienes le apoyan, o se trata del último truco del prestidigitador Zapatero para hacer pasar por ‘normales’ los hechos de Cataluña y los que están por venir en el País Vasco? Es mucho más que eso, como tristemente confirma la entrevista publicada el pasado miércoles por Páginas Digital con Antonio Romero (IU), uno de los nuevos ‘padres de la patria’ andaluza. El nuevo estatuto viene con mar de fondo. Un mar ideológico, tempestuoso, que bate y ruge en las mentes de los ponentes del nuevo estatuto.
En Páginas Digital primero y en el diario El Mundo cuatro días después, Romero explicaba el nacionalismo andaluz, trazando una línea histórica que arranca desde los antiguos Tartessos y llega hasta el referéndum de 1980, pasando por capítulos como la dominación árabe y el autonomismo andalucista de la II República. “El Estatuto de Autonomía de Andalucía”, dice el diputado regional de IU, “es el fruto de la lucha histórica del pueblo andaluz, de su compromiso transformador por mejorar las condiciones de existencia y por legitimar sus señas de identidad”.
Muchos niños, a la edad de los tres años, adquieren la curiosa manía de decir “no” a toda propuesta o requerimiento que le viene de los padres. Esta negación persistente es un intento inconsciente de construir su propia personalidad. Negar a los padres es un instinto con el que tratan de afirmarse. De un modo muy similar, la clase política gobernante en Cataluña, Euskadi y ahora Andalucía persigue ese anhelado pero ambiguo sueño de alcanzar propia “identidad nacional”, pero lo hace oponiéndose a cinco siglos de vida en común: el camino que los españoles hemos recorrido juntos. Parece que, en vez de madurar, el Estado de las Autonomías estuviera sufriendo una regresión que lo condujera a una suerte de infantilismo irracional.
La razón por la que el PSOE andaluz se pliega a estos postulados es que, lejos de incomodar al presidente del Gobierno y a su formación política, le vienen como anillo al dedo. Tras la caída del comunismo y el fracaso de las políticas intervensionistas hay un socialismo europeo que también trata de buscar su identidad y su razón de ser. Zapatero se sitúa a la vanguardia de esta nueva izquierda europea de la que el analista del Grupo de Estudios Estratégicos Florentino Portero dice: “El abandono de un programa positivo les aboca al relativismo. Si ellos ya no tienen la razón, porque no tienen una filosofía de referencia, no la van a tener los liberales. Han pasado del dogma al ‘nadie tiene la razón’. En tiempos de migraciones y complejos retos de convivencia entre culturas distintas, el relativismo lleva al multiculturalismo, con sus evidentes riesgos de desintegración nacional”.
Estimulando y confortando estos sentimientos nacionalistas, el socialismo español encuentra una nueva cancha de juego, un terreno por donde desenvolverse sintiéndose útil. Haciendo esto ha conseguido además una tregua de ETA que le ha hecho subir varios puntos en las encuestas. Las aspiraciones del diputado Romero, a medio camino entre el nacionalismo y el marxismo, encajan perfectamente en un diseño político del Gobierno Zapatero, que busca deshuesar nuestra sociedad post-cristiana, eliminar de ella pilares y puntos firmes, cambiar el marco legal (no sólo territorial), disolver su estructura y vertebración para hacerla más moldeable para el poder político.
Posted on 04.24.2006 by Páginas Digital | Comments Off
Un “sol rojo” alumbra Nepal
Fernando José Vaquero Oroquieta
Muerto Mao, y descafeinado el maoísmo en la propia China, algunos de sus rescoldos, sorprendentemente, continúan provocando incendios por el mundo; alimentados por una ideología inhumana cargada del “culto a la personalidad” a un desaparecido. Si antaño fueran Perú -de la mano de la sanguinaria organización terrorista Sendero Luminoso- y algunos estados indios los golpeados por sus correligionarios locales, es en Nepal actualmente donde se sufre una “guerra popular” planteada al más puro estilo maoísta, a lo que se suma una grave crisis política.
La semana pasada Nepal disfrutó de espacios preferentes en las primeras portadas de diarios y en los noticiarios televisivos de todo el mundo: muchedumbres en manifestación se enfrentaban, en la capital, a la policía nepalí mientras que, según otras informaciones, la guerrilla maoísta seguía avanzando. ¿Qué está pasando en el “techo del mundo”?
Desde hace ya 10 años, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), en lo sucesivo PCN (M), se decidió de nuevo, tras unos años de acatamiento de la legalidad, por la conquista armada del poder. Poco a poco fue consolidando su control sobre los territorios “liberados”, siguiendo la ortodoxia maoísta del “cerco de las ciudades por el campo”, conforme sus tácticas de la “guerra popular prolongada y de desgaste”. Y de este modo en la actualidad ya controla un 40% del territorio de Nepal, aunque no las ciudades.
El segundo factor relevante de la situación política nepalí deriva de la anormalidad constitucional que se vivía desde que el discutido rey Gyanendra efectuó un autogolpe de Estado el día primero de febrero del año 2005, asumiendo un poder casi absoluto; tras destituir al Gobierno democráticamente electo y disolviendo el Parlamento. Los objetivos alegados: acabar con la corrupción política y frenar la ofensiva guerrillera.
Obligado por las más numerosas manifestaciones que ha conocido Katmandú –la capital- en toda su historia, el rey anunció el pasado viernes 21 de abril que devolvía el poder ejecutivo al pueblo, a la vez que instaba a los siete partidos políticos opositores coaligados a que nombraran un nuevo primer ministro. Oferta rechazada y que no ha impedido que las manifestaciones se sigan sucediendo.
En el pasado mes de noviembre de 2005 la llamada Alianza de los Siete Partidos llegó a un acuerdo de colaboración con el PCN (M) en el común objetivo de reimplantación de la democracia mediante una asamblea constituyente; un partido que desarrolla un curioso y nada inocente “doble juego”. Por una parte decretó un “alto el fuego” en el valle de Katmandú, donde se han desarrollado las manifestaciones multitudinarias; por otra, ha relanzado su ofensiva armada en otras zonas del país. Y no oculta que su objetivo final es “la implantación del socialismo y el comunismo”. Todavía hoy. Increíble. Esta posibilidad, ya no tan lejana, es alentada, en parte, por la vecina China, que, si bien ya no manifiesta los fervores revolucionarios de antaño, contempla el hipotético triunfo del PCN (M) como una posibilidad para la ampliación de su influencia. Por otra parte, India observa con preocupación que su temido vecino chino se le asome, con mayor ventaja, desde la enorme terraza himalaya, inflamándose así las energías de los diversos grupos guerrilleros maoístas operativos en varios de sus estados.
La clase política nepalí, desprestigiada por diversos escándalos, no parece que controle el movimiento popular manifestado estos días. En tal contexto, ¿serán los comunistas, decididos e implacables, quienes capitalicen los cambios y, en un movimiento de pinza –lucha armada y movilizaciones populares-, se haga con el poder?
Baburam Bhattarai, quien era miembro del Politburó y jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del PCN (M), fue entrevistado por el semanario Nepali Times en su número del 13 al 19 de julio de 2001. Allí encontramos como especialmente significativa una respuesta que desvela el material con que está forjada esta organización con que replica a la siguiente pregunta.
“Nepali Times: Luego de seis años de la guerra popular y de más de 2.000 nepaleses muertos, ¿piensa que ha valido la pena el precio pagado hasta ahora?
Baburam Bhattarai: Aunque es un anacronismo colgarle una etiqueta de precio a un trascendental proceso revolucionario en términos de bajas de seres humanos, consideramos que el precio pagado hasta ahora por las masas nepalesas en los seis años de la guerra popular ha sido antes bien algo bajo. Tales precios en las auténticas revoluciones se pagan en millones y no en miles. ¿Recuerda la Revolución Francesa? Si se considera el poder y el prestigio ganados por las masas pobres y oprimidas del campo nepalí durante los últimos seis años, el precio pagado definitivamente ha valido la pena”.
Más adelante agradece el apoyo hacia su causa mostrada por el autodenominado Movimiento Revolucionario Internacionalista, que agrupa a varios partidos maoístas liderados por ¡Sendero Luminoso! Por cierto, la revista de esta anacrónica organización peruana se llama Sol rojo, en homenaje al “camarada” Mao; uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad. Para que luego se diga que las ideologías han muerto. No todas, ni en todas partes, evidentemente.
De nuevo, viejas estrategias e ideologías, que parecían arrojadas a los trasteros de la historia, impactan en la realidad humana, ganando voluntades y trastocando la evolución normal de una nación y de sus gentes. Otra vez, de manera acaso insospechada, una ideología provoca una verdadera mutación antropológica; y en el único país confesional hinduista del mundo.
Posted on 04.21.2006 by Páginas Digital | Comments Off
Las bromas de los preámbulos
Roberto de la Cruz
Cataluña, una nación. Andalucía, una realidad nacional. Así lo recogen sus nuevos Estatutos de Autonomía. Para algunos, como Alfonso Guerra, una broma. Para otros, entre ellos dos ex presidentes del Tribunal Constitucional, un elemento clave para interpretar el contenido del texto estatutario.
Este viernes la Comisión de Desarrollo Estatutario de Andalucía, con el apoyo del PSOE y de Izquierda Unida, ha dado luz verde al penúltimo trámite para la reforma del Estatuto de Andalucía. El texto se votará el próximo 2 de mayo en el Pleno del Parlamento Andaluz. El preámbulo se refiere a Andalucía como “realidad nacional”. Lo hace después de que el PSOE rompiese el acuerdo alcanzado con el PP en la primera fase de ponencia, que recogía en ese preámbulo la definición de “nacionalidad histórica en el indisoluble marco de la unidad de España”. Habrá que escuchar ahora lo que dice sobre el asunto el socialista y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso Alfonso Guerra, quien hace meses señalaba que eso de la “realidad nacional” de Andalucía era una “broma” para “el 99% de los andaluces”.
Si nos atenemos a la opinión de destacados constitucionalistas, la inclusión de este tipo de términos no es ninguna broma. En el Estatuto de Cataluña se define a Cataluña como una nación. El ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga destacaba recientemente que “los preámbulos de los textos constitucionales y de los textos de los Estatutos de Autonomía poseen indiscutible valor jurídico al orientar al intérprete del articulado”. En los mismos términos se expresaba otro ex presidente del Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, quien señalaba que el preámbulo dará significado a las fórmulas que se incluyen en el articulado.
A los argumentos de Parga y Bereijo se ha añadido estos días el informe del letrado de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado Pablo García Muxía. El documento, de más de 150 páginas, y que ahora debe debatir la Comisión, detecta problemas de encaje constitucional en una decena de aspectos del Estatuto catalán. El letrado considera que el preámbulo carece de valor normativo pero sí lo tiene desde el punto de vista interpretativo, y por eso la inclusión del término nación “impregnará la totalidad del texto una vez en vigor”.
Posted on 04.21.2006 by Páginas Digital | Comments Off
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